Decisiones Verdes, Realidades Económicas: El Dilema del Yasuní

La consulta popular ha dejado en claro la posición de la ciudadanía respecto al Yasuní: el medio ambiente prevalece sobre la explotación petrolera. El Gobierno, al reconocer el triunfo del "Sí", ha aceptado el mandato de cesar todas las actividades petroleras en el bloque ITT. El bloque ITT, situado en el Parque Nacional Yasuní, ha sido un pilar en la producción petrolera del país. Su relevancia es tal que actualmente representa más del 10% de la producción nacional. Sin embargo, al detener esta producción, se estima una pérdida económica de USD 16.470 millones en las próximas dos décadas. Esta cifra no solo contempla el valor del petróleo que no se extraerá, sino también costos asociados como el retiro de infraestructura y compensaciones a comunidades.

El próximo presidente de Ecuador enfrentará una tarea titánica al asumir el cargo: elaborar la proforma presupuestaria para 2024 en un contexto económico desafiante. Esta responsabilidad no es menor, especialmente cuando se considera que la decisión de cesar la producción en el Yasuní ha dejado un vacío financiero significativo. La paralización de la producción en el bloque ITT no solo afecta las finanzas nacionales; tiene un efecto dominó en todo el país. Con una pérdida estimada de 1.200 millones de dólares al año, según Petroecuador, el impacto se sentirá en todos los niveles de gobierno.

El Banco Central del Ecuador (BCE) no ha permanecido al margen de esta discusión y ha presentado un análisis detallado sobre las consecuencias de la decisión de cesar la producción en el Yasuní. Según el BCE, el cese de operaciones en el Bloque 43-ITT generará "reducciones considerables en las arcas fiscales del país". Las cifras son claras y contundentes. Entre 2023 y 2026, el fisco dejaría de percibir 3.500 millones de dólares por concepto de ingresos petroleros. Aunque se espera un ahorro de 1.224 millones de dólares en gastos de inversión, el déficit neto se traduciría en 2.275 millones de dólares. El BCE también prevé una repercusión en el crecimiento económico del país. Para 2023, la previsión de crecimiento se reduciría en 0,7 puntos porcentuales, pasando de un 2,6% a un 1,9%.

Estas cifras no son triviales, especialmente cuando consideramos que los ingresos petroleros financian inversiones públicas en áreas esenciales como salud, educación y seguridad. La disminución de estos ingresos plantea interrogantes sobre cómo se financiarán estas áreas en el futuro y qué compromisos se podrán mantener.

La decisión de cesar la producción petrolera en el Yasuní es un claro testimonio de la prioridad que se le da a la protección ambiental en Ecuador. Sin embargo, esta decisión también ha arrojado luz sobre un dilema fundamental: ¿cómo equilibrar la sostenibilidad ambiental con las demandas económicas y las aspiraciones de desarrollo? La pérdida proyectada de USD 16.470 millones en los próximos 20 años es un recordatorio de que las decisiones ambientales tienen un costo económico real. Pero, ¿es este un precio que estamos dispuestos a pagar por un futuro más verde? La respuesta no es sencilla. Requiere una reflexión profunda sobre cómo se pueden diversificar las fuentes de ingresos del país, promover la innovación y garantizar que el desarrollo sea sostenible en todos los sentidos.

La decisión ha resonado en todo el espectro político y social. Mientras que algunos candidatos y organizaciones han aplaudido la medida como un paso audaz hacia la protección del medio ambiente, otros han expresado preocupación por las consecuencias económicas. El ministro de Energía, Fernando Santos, por ejemplo, ha señalado la posible insuficiencia de ingresos para cubrir importaciones esenciales, lo que podría afectar no solo al sector petrolero, sino a toda la economía ecuatoriana.

Por otro lado, gobiernos autónomos descentralizados, que dependen en gran medida de las asignaciones basadas en los ingresos petroleros, enfrentarán desafíos significativos en la gestión de sus presupuestos. La diversidad de opiniones refleja la complejidad del tema y la necesidad de un diálogo inclusivo y constructivo para trazar el camino a seguir.

Tomar decisiones informadas es esencial. No se trata solo de proteger el medio ambiente o de garantizar el crecimiento económico; se trata de encontrar un equilibrio entre ambos. La sostenibilidad ambiental y la estabilidad económica no son mutuamente excluyentes, pero lograr un equilibrio entre ellas requiere planificación, innovación y, sobre todo, voluntad política.

Por lo tanto, es imperativo que el gobierno, junto con otros actores relevantes, busque estrategias que no solo protejan el patrimonio natural de Ecuador, sino que también promuevan una economía resiliente y diversificada. La colaboración entre sectores públicos y privados, la inversión en tecnologías limpias y la promoción de la educación y la investigación son solo algunas de las vías que pueden conducir a un futuro más prometedor.

El camino por delante no será fácil, pero con determinación, diálogo y un enfoque claro en el bienestar a largo plazo de la nación, Ecuador puede trazar un curso que honre tanto su compromiso con el medio ambiente como su responsabilidad hacia sus ciudadanos.

Autor:

José Díaz Montenegro

Docente Unemi