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FMI y deuda pública: las cuentas que Ecuador debe resolver en 2025
- clubeconomicounemi
- 10 mar
- 3 Min. de lectura
En el tablero económico ecuatoriano, dos piezas clave definirán la partida este año: el desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el crecimiento de la deuda pública. Estos factores, atados al cambio de gobierno, podrían trazar escenarios muy distintos para la economía del país.
El 15 de marzo de 2025 está prevista la segunda revisión del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que Ecuador mantiene con el FMI. Si se cumplen las metas acordadas hasta diciembre de 2024, el organismo debería desembolsar 414 millones de dólares.
Sin embargo, el contexto político pesa en la balanza. La segunda vuelta electoral, programada para el 13 de abril, podría retrasar cualquier decisión del Directorio Ejecutivo del FMI. En Washington quieren claridad: si Daniel Noboa continúa en el poder o si Luisa González asume la presidencia. La dirección económica que tome el nuevo gobierno determinará el futuro del acuerdo con el organismo.
Francisco Rivadeneira, exrepresentante de Ecuador ante el FMI, advierte que la rotación en el Ministerio de Economía y Finanzas no ayuda: “La constante sustitución de ministros y viceministros genera una falta de previsibilidad”. Para los técnicos del FMI, esto significa empezar desde cero en cada negociación, lo que complica la posibilidad de un desembolso inmediato.
A diciembre de 2024, la deuda pública alcanzó los 85.264 millones de dólares, lo que equivale al 50,58 % del Producto Interno Bruto (PIB). De esta cifra, 48.141 millones corresponden a deuda externa y 13.287 millones a deuda interna. Si bien la relación deuda/PIB se redujo levemente respecto a 2023 (cuando era del 51,23 %), el saldo sigue creciendo.
Ecuador logró financiamiento en 2024 a través del FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial. Además, el gobierno recompró parte de su deuda externa a cambio de compromisos ambientales. Pero, con el cambio de administración, la sostenibilidad de estos acuerdos es una pregunta abierta.
El resultado de las elecciones podría redefinir la relación de Ecuador con el FMI. Luisa González ha señalado que solo aceptaría apoyo del Fondo si este no implica recortes sociales ni aumentos de impuestos como el IVA. Esto podría traducirse en una renegociación o incluso en un distanciamiento del organismo. Por otro lado, Daniel Noboa enfrentaría el desafío de mantener la estabilidad fiscal mientras busca apoyo en una Asamblea fragmentada para impulsar reformas estructurales.
En el centro del debate está el dilema clásico de economías emergentes: mantener el acceso a financiamiento externo bajo condiciones impuestas o buscar mayor autonomía con el riesgo de generar inestabilidad macroeconómica.
Este caso representa un ejemplo de cómo los factores políticos influyen en la economía. Ecuador no solo enfrenta un cambio de gobierno, sino también la necesidad de definir su estrategia frente a la deuda y los organismos multilaterales.
Las próximas semanas serán clave. La pregunta es: ¿habrá continuidad en el modelo económico o un giro que lleve a Ecuador por un camino distinto?
Algunas cifras clave:
$4.000 millones → Monto total del financiamiento del FMI bajo el Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador.
$1.500 millones → Financiación obtenida por Ecuador en 2024 a través del FMI, además de otros organismos multilaterales.
13 de abril de 2025 → Fecha de la segunda vuelta presidencial, clave para definir la relación con el FMI.
Más de $600 millones → Monto que el Estado ecuatoriano adeuda a la seguridad social.
$79.316 millones → Monto de la deuda pública agregada en 2023, antes del aumento registrado en 2024.
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